CAROLINA GOIC “Una nueva Constitución para Chile que sea la Casa Común que todos anhelamos”

Una Constitución Política debe unir, porque en ella deben verse reflejadas las ideas
básicas que todas y todos compartimos acerca de las principales normas y principios
que han de regir nuestra convivencia y especialmente los procesos para resolver nuestras
legítimas diferencias.
Entendemos que la demanda de cambio constitucional despierte interrogantes e
inquietudes en algunos. Sin embargo, la distancia entre las personas y su Constitución
es demasiada. Un país no puede progresar si una parte significativa de la población no
considera como propias las reglas fundamentales de su convivencia. Debemos actuar
ahora.
Por esa razón proponemos establecer un texto que sea la Casa Común que todos
deseamos, celebrando para ello un Pacto Constitucional que así lo asegure. Esa
convicción nos llevó a apoyar decididamente la etapa de participación ciudadana del
proceso constituyente a que llamó el Gobierno el año pasado y a querer seguir perseverando
para que tal proceso continúe.
Consideramos eso sí que la nueva Constitución no debe partir desde cero. El texto
actual contiene disposiciones valiosas que son parte de nuestra larga tradición constitucional.
Otras son novedades provechosas incorporadas en 1980, como es el caso de
la segunda vuelta presidencial y el recurso de protección. Existen además reglas
positivas que resultan del esfuerzo reformista de los últimos 27 años, como son, por
ejemplo, el fortalecimiento del debido proceso penal y la consagración constitucional
de los principios de probidad y transparencia de los actos de los órganos públicos. Todo
ello podría volver a contemplarse y a perfeccionarse en el nuevo texto.
Pese a las numerosas reformas que ha sufrido, constatamos que la ciudadanía no
considera a la actual Carta Fundamental como propia. Se trata de un marco jurídico
que no cumple la función unificadora que de él se espera; muchos siguen considerando
que la Constitución es ilegítima; algunos de sus preceptos reflejan una concepción
neoliberal de la sociedad y expresan un alto grado de desconfianza del pueblo en su
capacidad de decidir su destino, lo que se traduce en una institucionalidad política
anémica.
El orden constitucional vigente refleja además un país distinto al Chile real. En la
Constitución de 1980 no existen los pueblos indígenas, la autoridad está excesivamente
concentrada en la presidencia; las regiones dependen en exceso de la capital; muchas
reformas requieren de quórums excesivos y faltan mecanismos de participación que
sean compatibles y complementen la democracia representativa.
Para que una nueva Constitución nos represente a todos, debe constituir un instrumento
eficaz que resguarde y promueva de mejor manera posible los valores de
la Dignidad, la Democracia y el Derecho.
a. El Estado está al servicio de la persona y su finalidad es el bien común, por lo
cual crearemos las condiciones institucionales para asegurar y promover la dignidad
humana. Permitiremos no sólo que los particulares realicen las actividades que libremente
puedan emprender, sino que acudiremos en ayuda de las sociedades intermedias,
a fin de que éstas últimas cumplan satisfactoriamente con sus tareas, colaborando
para fortalecerlas cuando ello sea posible o supliéndolas en caso de que estén
imposibilitadas de actuar.
a. En materia de derechos políticos, aseguraremos no sólo el libre e igualitario
acceso a elegir, ser elegido y asociarse en partidos, sino además el derecho a participar
en la elaboración de proyectos normativos y políticas públicas en la forma que determine
la ley.
c. La nueva Constitución reestructurará un régimen de gobierno diferente al
actual, estableciendo al efecto un presidencialismo más racionalizado que el que ahora
nos rige o un sistema de gobierno semi presidencial.
d. Reforzaremos la credibilidad y confianza en el Congreso, por lo que la nueva
Constitución contemplará la regla de la mayoría y, sólo en casos muy excepcionales la
mayoría absoluta, pero en ningún caso una supramayoría, como ocurre actualmente
con las leyes orgánicas constitucionales.
b. Restableceremos el voto obligatorio, porque la democracia es un sistema de
Gobierno en el que derechos y deberes se integran y fortalecen recíprocamente.
b. De la dignidad se desprenden un conjunto de derechos fundamentales que la
nueva Constitución reconocerá y garantizará (vida, libertades, igualdad, educación,
salud, vivienda, propiedad, protección del trabajo, medio ambiente, etc.), perfeccionando
especialmente algunos de carácter social, cuya regulación aparece debilitada en
la Constitución actual debido a la concepción neoliberal que se expresa en algunos de
sus preceptos. Se incluye el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas y el
carácter pluriétnico de la nación chilena, como asimismo el deber del Estado de respetar
y promover sus expresiones culturales.
I. Dignidad humana
II. Democracia
e. En materia de tramitación legislativa, revisaremos las reglas que otorgan
exceso de poder al Presidente en materia de iniciativa legislativa exclusiva, la que se
debe limitar sólo a ciertas materias excepcionales, como las que involucran aumentos
de gastos públicos directos, generándose al mismo tiempo materias de iniciativa
exclusiva de los parlamentarios. Asimismo se modificará la situación de las urgencias,
para evitar la discrecionalidad presidencial en la tramitación legislativa, volviendo a la
regla de la Constitución de 1925, en cuanto a que sean las Cámaras las que asientan
en su calificación, sobre todo en el caso de la discusión inmediata. Fortaleceremos la
capacidad técnica presupuestaria del Congreso, mediante las asesorías y la capacidad
de discusión y deliberación sobre el presupuesto por parte del Parlamento: una especie
de oficina presupuestaria del Congreso, como las que existen en otros Parlamentos.
f. La Carta no sólo perfeccionará la democracia representativa, fortaleciendo el
mandato popular y el rol insustituible del Parlamento, sino que contemplará nuevos
mecanismos de participación ciudadana que colaboren a una mejor deliberación
democrática. Estos debieran poder incluir la iniciativa popular de ley, siempre y cuando
se reúna un número importante de firmas, en relación a temas que no involucren un
gasto fiscal y en materias cuya regulación la Constitución entrega a la ley. Reforzamos
la noción de consulta ciudadana a nivel local.
g. La nueva Constitución habilitará y establecerá las bases de un efectivo proceso
de descentralización política, administrativa y financiera a nivel regional, para lo cual
proponemos un diseño constitucional en materia de descentralización junto con los
principios rectores que debieran estar presentes en la legislación que se dicte posteriormente.
Los principios o ideas matrices que deben guiar el proceso para transitar
hacia la concreción de esta forma de Estado son: a) la gradualidad, b) la selectividad y
c) la coordinación en el desarrollo legislativo de las tres dimensiones de la descentralización:
descentralización política, fiscal y traspaso de competencias (descentralización
administrativa).
a. La nueva Constitución establecerá las bases de un Estado de Derecho, el cual
se expresa a través de leyes generales e impersonales y de la consagración constitucional
del principio de juridicidad, como condición indispensable para el pleno respeto
y garantía de los derechos de las personas. Junto a ello garantizaremos el acceso a la
justicia, las bases constitucionales para asegurar que los tribunales de justicia sean
imparciales e independientes y la existencia de sistemas de fiscalización y de control
recíproco entre los órganos para evitar el ejercicio irregular y arbitrario del poder.
III. Derecho
b. Entregaremos al Tribunal Constitucional la función de velar por la supremacía
constitucional y de resolver los conflictos que surjan entre los poderes estatales, pero
corrigiendo algunos de los defectos que presenta su actual organización y atribuciones.
Proponemos que los nombramientos de sus ministros, independientemente de la
autoridad que los designe, se realicen por medio de un concurso público, en que haya
espacio para auscultar, incluso con participación de la ciudadanía, las aptitudes de los
candidatos; que exista un número impar de miembros para facilitar los acuerdos y
evitar los empates, como ocurre actualmente; que, para garantizar la imparcialidad y
legitimidad de sus integrantes, se revise el tiempo durante el cual ejerzan sus cargos.
En cuanto al control preventivo de carácter facultativo que se origina por las dudas que
surjan acerca de la constitucionalidad de un proyecto de ley durante su tramitación,
éste deberá racionalizarse para evitar la politización del Tribunal; deberá terminarse
con el control obligatorio de las leyes orgánicas constitucionales, como consecuencia
de que esas leyes deberán desaparecer de nuestro sistema; y, en relación al control
represivo, finalmente, evaluaremos mecanismos que permitan una coordinación fluida
entre el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios de justicia.

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